Una encuesta de BRAIN Research, comisionada por WIN-Gallup International, realizada entre el 27 de octubre de 2014 y el 7 de noviembre de 2014, encontró que el Ateísmo en México alcanzaba el 4%, haciendose llamar «ateos convencidos».
Ateísmo en México
La irreligión en México alude al agnosticismo, al deísmo, a la desconfianza religiosa, al secularismo y al humanismo común en la cultura mexicana, que fue un estado de confesión tras la liberación de la España Imperial. La principal constitución política de los Estados Unidos Mexicanos sancionada en 1824, estipulaba que el catolicismo romano era la religión nacional en la falta de voluntad, y negaba alguna otra religión. Además, desde 1857, por ley, México no ha tenido una religión oficial; en esa capacidad, hostil a las leyes administrativas destinadas a promover una sociedad mayoritaria, contenidas en la Constitución de México de 1857 y en la Constitución de México de 1917, restringieron el apoyo en la existencia común de las asociaciones católicas romanas, y permitieron la intercesión del gobierno a la inversión religiosa en asuntos legislativos.
En 1992, la constitución mexicana fue cambiada para eliminar las limitaciones, y concedió un estatus legal a las asociaciones religiosas, restringió los derechos de propiedad, restringió los derechos de voto a los pastores y permitió un número más notable de ministros en México. En cualquier caso, los estándares de la Separación de la Iglesia y el Estado permanecen; los individuos de peticiones religiosas (clérigos, monjas, clérigos, etc.) no pueden ocupar cargos de elección, el gobierno central no puede financiar ninguna asociación religiosa, y las peticiones religiosas, y sus oficiales, no pueden educar en el sistema educativo financiado por el estado. (ver artículo: Ateísmo Humanista)
Generalmente, la Iglesia Católica Romana abrumaba las escenas religiosas, políticas y sociales del país; sin embargo, la Agencia Católica de Noticias dijo que existe una red extraordinaria y común de agnósticos, académicos e individuos escépticos, logrando un 10% según las encuestas en curso de las oficinas religiosas.
Desde la conquista española (1519-21), la Iglesia Católica Romana ha mantenido posiciones sociales y políticas conspicuas con respecto a la instrucción ética de los mexicanos; las maneras en que las excelencias y la ética deben ser socialmente actualizadas; y en consecuencia, añadidas a la personalidad social mexicana. Esta naturaleza social fue afirmada en la primera constitución política del país, que formalmente aseguraba el catolicismo; por lo tanto, el Artículo 3 de la Constitución de México de 1824 lo estableció:
La Religión de la Nación Mexicana, es y será sin fin, la Católica Apostólica Romana. La Nación la asegurará con leyes astutas y justas, y restringirá la actividad de algún otro».
(Artículo 3 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824)
Un poco de historia
Durante una gran parte de los 300 años de México como estado imperial español del Virreinato de la Nueva España (1519-1821), la Iglesia Católica Romana fue un personaje político en pantalla que funcionó en asuntos de gobierno provincial. En los primeros tiempos del país mexicano, las tremendas riquezas y el increíble impacto político de la Iglesia empujaron a un pionero hostil al desarrollo administrativo, que encontró articulación política en el partido Liberal. Sin embargo, en medio del centro del siglo XIX, hubo cambios que restringieron la intensidad política de la Iglesia Católica Mexicana. En consecuencia, la Iglesia apoyó a los agitadores conservadores disidentes para expulsar a la legislatura liberal contra-administrativa del Presidente Benito Juárez; así respetó la mediación francesa contra Juárez en México (1861), la cual construyó el control militar del Imperio Francés de México continuamente, del Emperador Napoleón III.
Sobre el punto de vista mexicano de las actividades de la Iglesia Católica Romana, el disidente del Partido Laborista Mexicano Robert Haberman declaró:
Continuamente en 1854, La Iglesia adquirió la propiedad de alrededor del 66% del considerable número de terrenos de México, casi todos los bancos y cada uno de los grandes negocios. Los restos de la nación fueron vendidos a la Iglesia. En ese momento llegó la conmoción de 1854, impulsada por Benito Juárez. Terminó en la Constitución de 1857, que secularizó las escuelas y se apropió de las propiedades de la Iglesia. Cada uno de los lugares de culto fue nacionalizado, muchos de ellos fueron transformados en escuelas, instalaciones de curación y refugios de vagabundos. Las uniones relacionales comunes eran obligatorias. El Papa Pío IX rápidamente emitió una orden en contra de la Constitución, e hizo un llamado a todos los católicos de México a desafiarla. Ya en ese momento, la iglesia ha estado luchando para recuperar su influencia mundana perdida y sus riquezas. (La necesidad del ateísmo, p. 154)
A principios del siglo XIX, el esfuerzo conjunto de la Iglesia Católica Mexicana con el Porfiriato, la autocracia de 35 años del General Porfirio Díaz, le valió al clero mexicano el odio ideológico de los vencedores progresistas de la Revolución Mexicana (1910-20); de esta manera, la Constitución Mexicana de 1917 administró serias limitaciones sociales y políticas, financieras y sociales a la Iglesia Católica en la República de México. En general, la Constitución Mexicana de 1917 fue la principal constitución política para administrar con expectación la igualdad social y social de la población en general; y se completó como modelo establecido para la Constitución de Weimar de 1919 y la Constitución Rusa de 1918. En cualquier caso, al igual que la Constitución Española de 1931, ha sido descrita como poco favorable a la religión.
La Constitución de 1917 prohibió que el ministerio católico se desempeñara como educador y maestro en las escuelas públicas y no públicas; fortaleció la autoridad del Estado sobre los asuntos internos de la Iglesia Católica Mexicana; nacionalizó todas las propiedades de la Iglesia; prohibió los pedidos religiosos; impidió la cercanía en México de los clérigos concebidos en el exterior; concedió a cada condición de la república mexicana la capacidad de restringir la cantidad de clérigos y de eliminarlos en su dominio; decepcionados clérigos de la igualdad social para emitir un voto y ocupar un cargo electivo; prohibieron las asociaciones católicas que presionaban a favor de un enfoque abierto; prohibieron que las distribuciones religiosas publicaran discursos sobre arreglos abiertos; restringieron al pastorado el uso de vestimenta administrativa a plena luz del día; y anularon el privilegio preliminar de cualquier súbdito mexicano que hiciera caso omiso de los enemigos de las leyes administrativas.
Revolución
En medio de la Revolución Mexicana (1910-20), la antipatía nacional incitada por el telón de fondo histórico del abuso de los mexicanos por parte de la Iglesia Católica fue exasperada por el esfuerzo conjunto del Alto Clero Mexicano con la tiranía pro-estadounidense (1913-14) del General Victoriano Huerta, «El Usurpador» de la Presidencia de la República Mexicana; de esta manera, la hostilidad a las leyes administrativas era vital para la Constitución Mexicana de 1917, con el fin de establecer una sociedad dominante. Durante la década de 1920, la autorización del enemigo constitucional de las leyes administrativas, por parte del gobierno federal mexicano, incitó a la Rebelión Cristero (1926-29), la rebelión de los trabajadores católicos, conocida como «Los cristeros». Las tensiones sociales y políticas entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano disminuyeron después de 1940, pero las limitaciones constitucionales siguieron siendo la tradición a la que había que atenerse, a pesar de que su exigencia resultó ser dinámicamente negligente. El Gobierno estableció relaciones estratégicas con la Santa Sede en el marco de la organización del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y en 1992 el Gobierno levantó todos los confines de la Iglesia Católica.
Ese año el gobierno confirmó su enfoque casual de no implementar la mayoría de los controles legítimos sobre las reuniones religiosas, además de otras cosas, permitiendo que las reuniones religiosas tengan estatus legal, renunciando a sus derechos de propiedad restringidos y levantando los confinamientos sobre la cantidad de ministros en la nación. En cualquier caso, la ley sigue imponiendo confinamientos estrictos a la congregación y prohíbe a la iglesia ejercer cargos públicos, defender perspectivas políticas divididas, apoyar a solicitantes políticos o contradecir las leyes o fundaciones del Estado. La capacidad de la Iglesia para reclamar y trabajar en comunicaciones amplias es igualmente restringida. De hecho, después de la creación de la Constitución, la Iglesia Católica ha sido intensamente antagónica con el gobierno mexicano. Como señala Laura Randall en su libro Cambiando la Estructura de México, la gran mayoría de las disputas entre sujetos y pioneros religiosos radican en la asombrosa ausencia de comprensión de la tarea de la laicidad del estado por parte de la Iglesia. «La impotencia del episcopado católico mexicano para comprender el mundo de vanguardia se convierte en un origen retorcido del mundo de la corriente principal y del estado laico. Claramente, ver al estado como hostil a lo religioso (o más bien, contra lo administrativo) es el efecto secundario de las batallas del siglo XIX que permearon al estado contra los tintes religiosos y administrativos en las naciones latinoamericanas, mucho para la mortificación de la Iglesia Católica. Caracterizar la formación laicista como una’religión dominante’ que también es’forzada y prejuiciada’ es la prueba más clara de la obstinación episcopal». Otros, en cualquier caso, observan el anticlericalismo del Estado mexicano de una manera inesperada. El difunto presidente Vicente Fox expresó: «Después de 1917, México se opuso a los francmasones católicos que se esforzaron por inspirar el alma anticlerical del prominente presidente indígena Benito Juárez de la década de 1880. Sea como fuere, los déspotas militares de los años 20 eran más salvajes que los de Juárez». (ver artículo: Ateísmo en España)
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El mismo número de suplentes de la religión latinoamericana han llamado la atención, hay un generoso contraste entre representarse a sí mismo como religioso o socialmente religioso y ensayar la propia confianza. A causa de México, la decadencia del impacto religioso de la congregación se refleja de manera única en la disminución de la participación en la capilla entre sus nacionales. La participación de la Iglesia en sí misma es una maravilla compleja, de múltiples niveles, que está sujeta a elementos políticos y financieros. De 1940 a 1960 alrededor del 70% de los católicos mexicanos fueron a la capilla semana tras semana, mientras que en 1982 sólo el 54% compartía la misa una vez por semana o más, y el 21% garantizaba la participación mes a mes. De todos modos, el 47% de los católicos van a la capilla día a día y, según el INEGI, la cantidad de escépticos se desarrolla anualmente en un 5,2%, mientras que la cantidad de católicos se desarrolla en un 1,7%.
